La empresa del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, paga horas extras como "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas, según documentos de la Inspección de Trabajo. Más del 70% de sus contratos son con administraciones públicas. Seguridad Integral Canaria, empresa matriz del Grupo Ralons y propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, lleva al menos una década tratando de defraudar a la Seguridad Social. Lo demuestran varios documentos de la Inspección de Trabajo entre 2000 y 2011, que constatan que la empresa ha estado pagando horas extras a sus vigilantes en forma de "dietas" y "otros conceptos" para evitar cotizarlas. Con cerca de 2.000 empleados, Seguridad Integral es una de las grandes firmas privadas de las Islas. Lo preocupante es que más del 70% de sus contratos provienen de las administraciones públicas en Canarias y Madrid.
La empresa corre además el riesgo de incurrir en un delito penal si el fraude supera los 120.000 euros alguno de esos años, lo cual no sería de extrañar ya que gasta más de 30 millones de euros anuales en personal, según recoge en una carta de despido. Las denuncias por parte de vigilantes, sindicatos y patronal han sido constantes a lo largo de estos años, pero nadie de momento ha conseguido ponerle freno en estas prácticas. Más bien al contrario, Seguridad Integral ha ido obteniendo cada vez mayor volumen de contratos con ayuntamientos, cabildos y consejerías.
Uno de los documentos de la Inspección de Trabajo que constata lo dicho data del 30 de noviembre de 2004. La oficina en Santa Cruz de Tenerife había recibido una denuncia según la cual Seguridad Integral tenía en nómina trabajadores extracomunitarios sin permiso de trabajo. La Policía Nacional y la citada Inspección se pusieron en marcha, pero no se pudo comprobar ese extremo. En cambio sí se localizaron vigilantes sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Ese fue el primer aviso.
Después de algún tiempo, en otro escrito del 7 de marzo de 2006, la Dirección Especial de Trabajo y Seguridad Social, en Madrid, constató a partir de sus propias indagaciones que la empresa de Ramírez tenía horas extra no cotizadas (en las nóminas de los vigilantes figuran como "dietas") entre 2004 y 2006, que afectaban a varios trabajadores de Seguridad Integral.
Un tercer documento del 14 de julio de 2006 procedente de la Inspección de Trabajo en Las Palmas, corrobora lo dicho en el párrafo anterior para el periodo comprendido de 2000 a 2004. El texto deja bien claro que "las cantidades abonadas [supuestas dietas] tienen naturaleza jurídica de salario y deberían haber sido incluidas en la base de cotización".
El último documento de la Inspección de Trabajo (pág. 1 y pág. 2) fue emitido hace apenas unas semanas, el pasado 11 de enero. Procede, igual que la segunda, de la Dirección Especial, sita en Madrid. Se informa de actuaciones inspectoras durante 2008, 2009, 2010 y 2011, y destaca que las horas extras se hacían pasar como "otros conceptos". En el informe consta que la empresa se vio obligada por este motivo a fraccionar el pago de los atrasos en 10 mensualidades durante el pasado año.
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