Son legión, pero se sienten desamparados. En España, hay alrededor de 200.000 vigilantes de seguridad privada, una profesión que, según quienes la ejercen, «está desprestigiada». Con una edad media de 39 años, un sueldo base que no llega a 900 euros (125 más si portan un arma de fuego). Todo un ejercito de alrededor de 200.000 efectivos que mueven en el territorio español una facturación que ronda los 3.500 millones de euros. Sus bestias negras son, «por peligrosidad, son las obras y polígonos, mientras que los conflictos con la gente surgen, sobre todo, en centros comerciales o de salud». En actualidad soportan un paro en el sector que supera al 50% de la profesión. Pero lo que se prometía una reconversión feliz -porque «con la crisis aumentan los delitos y supuestamente también debería aumentar la seguridad»- acabó chocando con la realidad. Y «la realidad es que lo primero en lo que recortan las empresas es en servicios como la seguridad y la limpieza»
Habituados a irse a dormir cuando los demás despiertan, muchos vigilantes están acustumbrados a situaciones al límite. Como la que relata Jenny Ruiz de los Mozos, 38 años, ocho de ellos de servicio en el País Vasco, que, una madrugada, se vio vigilando una obra en un descampado en medio de la nada. «Sin teléfono. Sin alarma. Sin arma. Sin cámaras. Sin nada». O como la que cuenta Valentín Pardo, que, una noche, mientras vigilaba las obras de un Hospital un construcción, tuvo «buena estrella» y decidió «hacer la ronda al revés». Eso le salvó: «Unos ladrones de cobre me estaban esperando». Él los vio antes.
«Nada nos diferencia de un ciudadano cualquiera si se exceptúa el uniforme y la tarjeta de identificación. Y el resultado es que estamos indefensos legal y jurídicamente hablando cuando surge algún conflicto». Enrique Javier Álvarez tiene claro que los herederos de los extintos «guardas jurados» seguirán «vendidos» hasta que no consigan que se modifique la actual Ley de Seguridad Privada, otorgándoles más facultades. «Porque ellos se las saben todas. Saben que no tienen nada que perder si nos agreden y luego nos denuncian».
Máxime, si se tiene en cuenta, explica Juan Pablo Cabeza, con número de licencia 199.950, que «no hay suficiente policía» y que cada vez asumen «más funciones delegadas de las fuerzas de seguridad». Están desprotegidos, dicen, en los centros de acogida de menores, donde han visto a un compañero con un tenedor clavado en la cara y «sólo pudo responder pidiendo la baja». O en los pesqueros que faenan en aguas internacionales, destinados a evitar secuestros. Y, mientras los que se especializan llegan a escoltas o a vigilantes de explosivos, en el otro extremo, el de la precariedad, «las empresas y los clientes buscan fórmulas para ofrecer un servicio de vigilante barato y pagar mucho menos a personas que no están habilitadas». Los llaman «auxiliares de servicios»...
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