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31 de enero de 2012

SPV solicita reunirse con la Delegada del Gobierno en Andalucía y con la Subdelegada del Gobierno en Sevilla

Con fecha 24 de enero de 2012 hemos solicitado sendas entrevistas con la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en Andalucía y con la Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno en Sevilla con el objeto de tratar los pormenores de la denuncia interpuesta por SPV contra la empresa Gas Natural Fenosa por la situación precaria en materia de seguridad en la que se encuentran sus 12 pozos de gas situados en la provincia de Sevilla, hechos analizados ya con anterioridad por la Subdelegación del Gobierno y de los que existen tres resoluciones en los que se obliga a que el servicio de seguridad de dichas instalaciones sean obligatoriamente desarrollados por vigilantes de seguridad con armas de fuego las 24 horas al día, a pesar de los cual Gas Natural Fenosa viene incumpliendo sistemática e injustificadamente dichas resoluciones

Ya en Octubre del pasado 2011 SPV llamó la atención de la ciudadanía en cuanto a la seguridad de las instalaciones de Gas Natural Fenosa en Sevilla y su provincia. En ellas se manipula, se trasvasa y se almacena este fluido, y todo ello en alguno de los casos a solo 100 metros de núcleos residenciales. La empresa ahora denunciada ante la Subdelegación del gobierno en Sevilla decidió en su momento unilateralmente (contraviniendo la legislación vigente al efecto) prescindir de la vigilancia física en sus instalaciones con pozos de gas, en la que en la mayoría de ella no existen ni sistema de cámaras de seguridad.

SPV solicita a la Autoridad Competente en la materia mediante la denuncia interpuesta que se reintegre por la fuerza de la ley la vigilancia con arma de fuego durante las 24 horas al día en todos los pozos de gas, al objeto de dotar de las medidas de seguridad legalmente establecidas para la protección de los trabajadores, de las poblaciones del entorno y de las instalaciones a proteger. También se solicita  que si fuera preceptivo, se le aplique a la empresa responsable de dichas instalaciones las sanciones pertinentes por el incumplimiento de las anteriores resoluciones ya dictadas por la Subdelegaciones del Gobierno en las provincias de Huelva y Sevilla por imprudencia temeraria.





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