Agentes de la UCO de la Guardia Civil se incautan de documentación de UGT Asturias en el registro del 17 de enero de 2017. La UCO afirma que en el registro a la sede dio con «discos duros dañados» que tenían datos clave y lamenta el «porcentaje ínfimo» de 'mails' que le entregó la organización
Novedades en el 'caso UGT'. La Guardia Civil presentó el 21 de diciembre ante el Juzgado de Instrucción el atestado que detalla el resultado de la entrada y registro a la sede de la central, practicado hace casi un año. Las libretas, ordenadores, correos electrónicos, facturas y documentos intervenidos apuntalarían las dos tesis que defienden los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) al cargo de la investigación. Es decir, que la organización utilizó sus fundaciones y empresas para hinchar los costes de los cursos que organizaba con las subvenciones percibidas. Como parte de esta mecánica de desvío de fondos públicos, habría pasado como gastos de formación las nóminas de trabajadores de la central que poco o nada tuvieron que ver con las aulas.
La investigación judicial se limita a lo sucedido entre 2010 y 2014, por ser los años no prescritos cuando se iniciaron las pesquisas. Por decisión del fiscal, avalada luego por la instructora, el caso se constriñe a las subvenciones entregadas para organizar cursos para parados, mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años, la de los colectivos de difícil inserción o ampliar los conocimientos de trabajadores con contrato. Asumiendo esos límites, la UCO ha dado con facturas y operativas hasta ahora desconocidas. Con ellas eleva su estimación de fraude a 849.233 euros atribuidos a UGT Asturias, y 504.049 más a su fundación IFES. En suma, 1,35 millones, lo que suponen 43.074 euros más que el cálculo anterior.
Entre las novedades hay recibos de seguridad de la sede central. La fundación los pasó como coste de los cursos. «La vigilancia de la sede del sindicato se estaría abonando mediante subvenciones públicas dedicadas a la formación», interpreta el atestado. Este tipo de maquinaciones excederían a los años y las subvenciones descritas. Los agentes señalan que habrían servido «como una supuesta fuente de financiación ilegal de la que habría dispuesto el sindicato UGT-Asturias, pudiendo suponer, además, una práctica heredada, implementada pacíficamente en la dinámica de la organización y sostenida en el tiempo, ya que presumiblemente ya se estaría llevando a cabo mucho antes del marco temporal» determinado por el principio judicial de prescripción.
El fraude se presume mayor. Los agentes hicieron un chequeo a otras subvenciones que, hasta ahora, la instructora se ha negado a incorporar a la causa. Analizaron las ayudas dadas a UGT con cargo al pacto de concertación (ACEBA), las abonadas por la Consejería de Bienestar para integrar a los inmigrantes, las aportadas la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y las del Instituto Asturiano de Riesgos Laborales. A la hora de justificar los costes de estas actividades, la central incluyó las nóminas de una docena de sus trabajadores.
Versiones matizadas La mayoría son nombres conocidos para los agentes. Sus salarios también se presentaron como gastos imprescindibles para desarrollar los cursos. Cuando la Guardia Civil los interrogó, la mayoría negaron que sus funciones estuvieran relacionadas con los cursos. La lista vuelve a incluir a J., quien se presentó como la secretaria del secretario general. Luego, en sede judicial, parte de los testigos matizaron su anterior declaración. Según el abogado de UGT, fue porque los cuestionarios que usó la UCO condicionaban la respuesta.
El nuevo informe da «gran importancia» a una libreta «de espiral, tamaño cuartilla, con anotaciones manuscritas». Se aprehendió en el despacho de Alberto G., uno de los investigados en la causa y que ejercía como contable. En las anotaciones figuran el nombre de los trabajadores de UGT, y el tipo de labores de los cursos que se les podría imputar.Cinco aparecen al cargo de las visitas e inspecciones en las aulas, cuatro ejercen de administrativos, dos de coordinadores, y tres más de informadores. Cuando se les interrogó «ninguno de ellos mencionó en ningún momento que ejerciese funciones de coordinador de cursos»; tampoco que abandonaran la sede del sindicato para visitar las aulas, ni para evaluar los cursillos. Esos cometidos sí reconocieron hacerlos los trabajadores de la fundación IFES, vinculada al sindicato, especializada en organizar la formación y que también se cobraba de las subvenciones.
El atestado reconoce cierta frustración. En el registro querían incautarse de los correos electrónicos de los cabecillas, pero no estaban en los servidores. Según les explicó el personal de UGT, se descargaban en máquinas ubicadas en Madrid. Se requirieron allí pero «entre los archivos aportados por UGT no se encuentran almacenados, a juicio de los investigadores, ni un porcentaje ínfimo de todos los correos electrónicos». Los agentes tropezaron también con «discos duros dañados que, en principio, según han informado, en este caso responsables de IFES, contendrían información relacionada con los hechos investigados, no pudiendo, por tanto, acceder a la misma».
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