Durante los cursos dados a los mandos policiales, la escuela de la Junta ha mostrado que es un ejemplo de lo que no debe ser.
La operación de propaganda electoral del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, organizando un curso sobre prevención del terrorismo yihadista tras los atentados de París y Copenhague, ha demostrado con toda claridad que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, sede de un curso celebrado hace dos días, 24 de febrero, sobre la materia,carece de los más elementales medios y medidas de seguridad.De hecho, es un ejemplo notorio de inseguridad pública.
Para preservar la seguridad de los más de un centenar de jefes y mandos de la Policía Local de diversos ayuntamientos andaluces que se dieron cita en las instalaciones de la Escuela en la población de Aznalcázar, próxima a Sevilla, se recurrió excepcionalmente a la presencia activa y física de dos furgones de la Policía Nacional que portaban armas largas y que vigilaron rigurosamente por un solo día el control y acceso a las instalaciones, control y acceso rigurosos que han sido abandonados por la Consejería de Justicia e Interior desde el pasado año. Téngase en cuenta que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, realiza una actividad diaria de formación tanto de Policías locales, como de personal de Protección Civil y Bomberos (especialmente en estos dos últimos casos en la segunda sede de Huévar) y que en sus instalaciones hay una media diaria de entre 60 y 150 personas, sobre todo policías locales, a lo largo del año.
Sin embargo, cuando se accede desde la carretera al interior del recinto, hay un paso a nivel o barrera que siempre está levantada y no funcionan desde el año pasado las balizas de reconocimiento de las matrículas de los coches que acceden al recinto. Tampoco funcionan las cámaras de televisión en el complejo administrastivo, salvo una, y no hay personal cualificado en vigilancia y control que garantice el acceso al centro. Precisamente por ello, la singularidad de que para el acto de mandos y jefes de la policía local el pasado día 24 se ordenase la vigilancia policial rigurosa del recinto, fue considerada una operación llamativa y propagandística por el personal que trabaja diariamente en el centro - una plantilla de alrededor de 20 personas -, que sabe perfectamente que esa seguridad es cotidianamente inexistente.
Incluso alguno de los jefes y mandos que hicieron el curso - ¡de sólo 7 horas de duración sobre técnicas de autoprotección y "sobre la problemática de este asunto" se dice textualmente en la convocatoria!, para la prevención del terrorismo yidahista, se sorprendieron de la seguridad de un centro que conocen y que nunca la había tenido en tal cantidad y calidad. De hecho, el servicio de seguridad lo prestaban antes vigilantes privados de una empresa de seguridad, no la Policía Nacional, hasta que fue suprimido por orden de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, regida ahora por José Antonio Varela, curiosamente y nada menos que ex director de la Erzaintza nombrado por el PSOE y al que se supone especial sensibilidad por la seguridad pública, del que depende la ESPA. La desprotección llega a tal nivel que las armas antes guardadas en la Escuela, donde lógicamente se hacen prácticas de tiro, tuvieron que ser trasladadas desde las cajas fuertes de la propia Escuela a otras dependencias de la Junta por no estar garantiza, precisamente, su seguridad.
Una inseguridad irregular decidida por la Junta Algunos empleados de la plantilla de la ESPA han hechio llegar aLibertad Digital su malestar porque cuandzo hay jefes y mandos de por medio se articule un operativo de seguridad riguroso y llamativo - alguna televisión estaba allí invitada por la propia dirección general -, mientras que el resto del año el personal de plantilla más los policías alumnos de los cursos que allí se imparten carecen de la más mínima y legal garantía de seguridad. Según ha podido comprobar Libertad Digital, la decisión de suprimir el Servicio de Seguridad se tomó, incluso, incumpliendo la normativa dictada por la propia consejería que dirige el ex fiscal Emilio de Llera en el decreto 94/2014 sobre normas técnicas para la protección de edificios públicos de uso administrativo.
Según ese Decreto, "la seguridad es un valor jurídico primordial. Las actividades de seguridad privada se configuran como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos, con objeto de obtener seguridad adicional a la que provee la seguridad pública. Por ello, se considera la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez una parte integrante de la seguridad pública ya que contribuye a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos." La ESPA, y muy especialmente debido a su cometido de seguridad pública, según el decreto, debería contar permanentemente cuando menos con:
- sistemas de detección y alarma
- videovigilancia y control de acceso de personas y vehículos gestionados por personal cualificado de control y vigilancia, prestado o bien por agentes del Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la propia Junta o por vigilantes de seguridad de empresas privada.
Pero la escasa seguridad de la ESPA está en manos de empleados públicos que carecen de la formación adecuada e incluso de personal contratado eventualmente en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Por ello, como han referido a Libertad Digital, algunos de sus empleados, de producirse un hipotético ataque yihadista a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, las consecuencias serían catastróficas.
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