Las empresas de seguridad que prestan servicios de escoltas en el País Vasco y Navarra han despedido en las últimas semanas a 425 guardaespaldas, al reducirse de 789 a 364 los agentes privados que seguirá pagando el Gobierno central. La patronal teme que esta sangría continúe en los próximos meses. No obstante, será la nueva comisión la que analice qué servicios de los que van a dejar de hacer los funcionarios pueden ser asumidos por estos trabajadores, siempre dentro de los límites de la actual legislación.
El Ministerio del Interior, que en ningún momento tampoco vincula estos recortes en escoltas a la crisis económica, es optimista. Cree que con este nuevo panorama será posible «recuperar para otros cometidos gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones». Y ahí entra esa nueva comisión que como primera misión tendrá la de hacer un exhaustivo «catálogo de cargos públicos» a proteger y, sobre todo un elenco para cribar las escoltas de las que se pueda prescindir por «criterios de temporalidad», sobre todo «retirar servicios» a cargos «una vez hayan cesado en sus funciones». Este organismo, que se reunirá cada seis meses.
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