A raíz del robo de bicicletas que se produjo en el edificio del Parlamento de Andalucía durante la noche del 30 al 31 de mayo de 2011, este sindicato ha puesto en manos de su Gabinete jurídico los expedientes sancionadores que la empresa SEGURISA les abrió a dos de los cuatro vigilantes de seguridad que prestaban servicio dicha noche, a los cuales hace responsables de los hechos acaecidos.
SPV considera que la forma de proceder de la empresa concesionaria del servicio de seguridad del Parlamento de Andalucía contra sus trabajadores trata de cerrar en falso y maquillar unos incidentes que dejan al descubierto graves carencias en el sistema de seguridad del edificio, que en ningún modo son achacables a los vigilantes señalados, más aún, tras el grave incidente los responsables de la seguridad del edificio no han acometido las medidas necesarias para evitar nuevos incidentes.
Es por ello que el pasado 1 de septiembre, SPV remitió al órgano rector de la Cámara un escrito alertando a sus miembros de la situación actual de inseguridad en la que siguen encontrándose sus instalaciones, acompañados de un informe técnico de carácter reservado donde se abordan pormenorizadamente estas circunstancias, con la única intención de que se analice y trate el asunto con la seriedad que requiere y se exijan las responsabilidades pertinentes a las personas encargadas de gestionar todo lo relacionado con el ámbito de la seguridad en esas instalaciones a la vez que se aborden las carencias relacionadas con el estado operativo de los sistemas de seguridad.
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