LARAZON 25 Septiembre 2011 MADRID- «Se están cargando todo un sector, espero que la Audiencia Nacional nos ampare». El presidente de la asociación nacional de centrales receptoras e instaladoras de alarmas, Francisco Quesada, espera que la Justicia reconozca que la aplicación de las cinco órdenes ministeriales que el pasado mes de febrero firmó quien era entonces el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respecto a la seguridad privada son «simplemente una locura». De hecho, la asociación se creó para impugnar la modificación del reglamento (18 años después de su nacimiento) ante los tribunales. Quesada advierte de que, además de las centrales, se ven afectadas por la modificación gasolineras, joyerías, bancos, armerías y otros sectores, que deben instalar una serie de medidas de seguridad específicas «muy exigentes e inasumibles económicamente» en sus locales.
Las órdenes del Ministerio del Interior recurridas son cinco: desde la 314 hasta la 318 (Orden INT/318/2011 del 1 de febrero de 2011; BOE del 18-II-2011), ambas inclusive. Las cuatro primeras –de la 314 a la 317– afectan directamente a las centrales receptoras de alarmas. En uno de los artículos (el número 6 de la orden 316) establece cuándo deben avisar a la seguridad del Estado las centrales receptoras de alarmas. «Según la modificación, antes de llamar a la Policía tenemos que esperar a que salten tres elementos», explica Quesada. «Si tienes un sistema contratado para tu casa, tiene que saltar la señal de la puerta, del pasillo o del salón en un periodo de 30 minutos. Si sólo entran al salón y lo desvalijan, se supone que no podemos avisar a la Policía. Además si llamamos antes o después de tiempo nos multan con 600 euros como mínimo». El presidente de la asociación considera que «será muy complicado afinar tanto la puntería» y, lógicamente, «los clientes dejarán de serlo». Accede AQUÍ a la información completa
No hay comentarios:
Publicar un comentario