SEVILLA: Detenida la dueña de una academia por estafa y falsedad en cursos de formación

La directora de la empresa Sistemas de Protección y Formación comparece ante el juez por un presunto fraude en más de 370 expedientes desarrollados para la Fundación Tripartita

La empresaria María Dolores O. M., directora de la academia de formación Sistemas de Protección y Formación SL, ha sido detenida por la Policía Nacional imputada por delitos de estafa y falsedad documental, en relación con un presunto fraude que afectaría a más de 370 expedientes de cursos de formación subvencionados por la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo.  La empresaria fue puesta ayer a disposición del juzgado de Guardia de Sevilla, después de que la Policía haya agotado el plazo máximo de 72 horas, y quedó en libertad con cargos, aunque con la obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades desde marzo de 2013, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. 

La estafa que se investiga podría ascender a no menos de 170.000 euros, aunque la cuantía exacta del fraude está siendo actualmente analizada por el instructor del caso. En esta ocasión, las irregularidades no afectan a los cursos subvencionados por la Junta de Andalucía, sino a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, una entidad encargada de gestionar la formación para los trabajadores en activo y que depende del Estado, las centrales sindicales UGT y CCOO y las organizaciones de empresarios. Sólo en el año 2011, esta entidad heredera de la extinta Forcem (Fundación para la Formación Continua) gestionó unos fondos públicos de alrededor de 3.000 millones, gran parte de ellos procedentes del Fondo Social Europeo. 

La empresa Sistemas de Protección y Formación se constituyó en 2010 y, según consta en el registro mercantil, se dedica a actividades formativas dirigidas a "inmigrantes, mujeres, jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados, que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida". Ese aprendizaje vital contemplaba, según la oferta formativa de esta academia, desde la gestión inmobiliaria, la secretaría de dirección, el fitness acuático y la hidrocinesia, pasando por la espeleología, la hípica, así como distintos cursos de restauración y cursos de idiomas enfocados al mundo de las finanzas. Todo este amplísimo abanico de cursos se gestionaba desde unas oficinas ubicadas en el edificio Toledo de la avenida de Hytasa. Ésta es la segunda sede de la compañía, tras haber pasado por un local de la calle Cristo de la Sed, en la zona de la Gran Plaza, que algunas fuentes apuntan que era un pequeño garaje. 

La investigación arranca en el año 2013, cuando el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Nervión recibe una denuncia de una empresa que asegura haber sido estafada por esta academia. La Policía notifica a los responsables de la Fundación Tripartita esta denuncia y los inspectores de esta entidad visitan en la primavera del año pasado la sede de la empresa en Sevilla para conocer de primera mano la naturaleza de las irregularidades. Descubren entonces que la sociedad ha cambiado de domicilio, de Gran Plaza a la avenida de Hytasa, sin que este cambio haya sido notificado a los responsables de la concesión de las ayudas como estarían obligados. 

La investigación se centraría en estos momentos, según fuentes del caso consultadas por este periódico, en si realmente estos cursos llegaron a impartirse, si los alumnos inscritos acudían a las sedes oficiales de estos cursos, o en cambio se utilizaban sus datos para inscribirlos en los cursos sin su conocimiento y consentimiento, lo que conllevaría la supuesta falsificación de sus firmas en los expedientes de los cursos recibidos. También se investiga la plantilla de profesores que los daba, por si existieran irregularidades en las altas y bajas del profesorado o si el número de docentes era el apropiado o real a la demanda de alumnos. Una tercera línea de investigación indaga la posible connivencia de los empresarios, responsables de los trabajadores convocados a estos cursos, y que también se beneficiarían con deducciones en materia de Seguridad Social. 

La empresa Sistemas de Protección y Formación tenía la correspondiente homologación de la Junta de Andalucía para impartir un catálogo de hasta 38 cursos, pero los investigadores han constatado que en realidad ofrecía y gestionaba la realización únicamente de dos cursos, Organización y gestión de almacenes (o sea, mozo de almacén) y Actividades de Gestión Administrativa. La Policía sólo está investigando, actualmente, los expedientes de ayudas concedidas para el año 2012 y que superarían los 370. La investigación en torno a Sistemas de Protección y Formación que lleva a cabo el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla supondría únicamente la punta de una compleja red de presuntas estafas vinculadas a las academias de formación, cuya financiación ha sido sufragada durante décadas por fondos europeos y que vendrían produciéndose en distintas provincias españolas.

FUENTE: diariodesevilla.es AQUÍ

El sueldo del marido de Díaz, cargado a cursos de diseño, sonido, jardinería o vigilantes de seguridad

El sindicato UGT computó el salario a una subvención que revisa la Junta

La justificación del expediente 98/009/J/217 entregada por UGT a la Junta de Andalucía y que ahora revisa la Consejería de Educación incluye, entre otros apuntes contables, el salario de José María Moriche Ibáñez, marido de Susana Díaz que fue contratado por el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) que gestionaba los cursos de formación adjudicados al sindicato. En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, aparecen porcentajes del salario computados a distintas acciones formativas. Es el caso de cursos de informática de usuario, diseño web y multimedia, técnico de sonido, infografista de medios audiovisuales, atención a enfermos de alzhéimer, celador sanitario, vigilante de seguridad privada, trabajador de centros de jardinería o automatismo con control programable.

Moriche, según fuentes consultadas por este periódico, trabajó como auxiliar administrativo –no como docente– en esta entidad. IFES cargaba a la subvención de la Junta un porcentaje de cada curso –incluido el coste de la seguridad social–, una práctica habitual del sindicato y de la que existen dudas sobre su legalidad, toda vez que no se podrían cargar los salarios del personal de estructura a subvenciones finalistas. En el caso del marido de Díaz, su vinculación con IFES determinaría si esta fórmula –impulsada por el sindicato– fue correcta o no. Esta documentación está en poder de la Junta de Andalucía, que en el caso de que considere que no se puede imputar el salario de un empleado de IFES a los cursos de formación que subvenciona, debería reclamar al sindicato esta cantidad. Los trabajadores despedidos de UGT-A ya denunciaron que se trataba de un procedimiento ordinario por parte del sindicato, que no distinguía entre empleados propios y aquellos que contrataba para acciones subvencionadas concretas, como los cursos de formación.

El expediente en cuestión en el que figura Moriche aglutina numerosas irregularidades que ya fueron denunciadas por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo. La Fiscalía Superior de Andalucía también ha detectado indicios delictivos. Se trata de una subvención de 8.021.823 euros que recibió UGT gracias a un convenio de colaboración con la Consejería de Empleo. El 80 por ciento de esta cantidad lo aportó el Fondo Social Europeo. Hay que reseñar que la Unión Europea ya ha mostrado su preocupación por el supuesto mal uso de estos fondos y ha pedido explicaciones al Gobierno.

Se da la circunstancia de que en este expediente se entrecruzan dos casos de corrupción que afectarían al sindicato UGT. Uno de ellos es la denominada «Operación Edu» sobre el fraude en los fondos de formación en Andalucía y que revisa las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a numerosas entidades públicas y privadas. La presencia del marido de Díaz en este expediente provocó un duro enfrentamiento entre la presidenta de la Junta y el portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A Carlos Rojas, el miércoles en el Parlamento de Andalucía. Rojas preguntó a Díaz a «qué favor responde que su marido, José María Moriche, trabajara en la formación de Andalucía pagada con dinero público».

FUENTE: larazon.es AQUÍ

Mónica de Oriol logra que Indra mitigue el bajón de ventas de su empresa de seguridad privada Seguriber

El grupo tecnológico, del que la presidenta del Círculo de Empresarios es consejera independiente, ya supone un 2,46% de la facturación de Seguriber-Umano. Indra promete reducir sus contratos con esa empresa, propiedad de Oriol, para no minar la independencia de esta.

Tan acostumbrada como parece a la amarga queja, Mónica de Oriol Icaza está de enhorabuena: la presidenta del Círculo de Empresarios ha conservado su condición de consejera independiente de Indra mientras sigue aumentando el peso de esa compañía del Ibex en la facturación global de su empresa de seguridad, Seguriber-Umano, como consecuencia de los servicios que esta le presta. Seguriber-Umano, de la que Oriol, su presidenta, controla un 58% del capital, facturó en 2013 a Indra servicios por importe de 2,582 millones de euros, cifra que, si bien está un 10,3% por debajo de la de 2012 (2,881 millones), supone ya un 2,46% de su facturación, como consecuencia de un presumible batacazo en las ventas sufrido por la empresa responsable de vigilar las instalaciones del Madrid Arena en la fatídica noche del 1 de noviembre de 2012.

El porcentaje de 2013 es sensiblemente superior al de 2012, cuando Indra supuso el 2,11% de las ventas de Seguriber-Umano. Pero Indra ha prometido poner remedio a esa situación. Consciente de que esa creciente relación de dependencia puede poner en entredicho la independencia como consejera de Oriol, la compañía que preside Javier Monzón va a llevar a cabo “una revisión de la contratación” de sus servicios de seguridad (que contrata de forma anual), de manera que la realizada con el grupo Seguriber-Umano “se sitúe en el entorno del 1% de la cifra total de negocio” de esa empresa.

Oriol, que la semana pasada tuvo que disculparse públicamente tras quejarse de que actualmente en España hay un millón de personas "con cero cualificación" a las que las empresas están obligadas a pagar un salario mínimo "aunque no valgan para nada", se convirtió en consejera independiente de Indra en 2007. Desde ese ejercicio, su empresa de seguridad ha facturado a Indra servicios por importe de casi 9,7 millones de euros. Indra, que está obligada a declarar esas operaciones por tratarse de transacciones vinculadas con sus consejeros, dice que contrata con Seguriber-Umano "en condiciones de mercado y sin trato preferente" y que su creciente peso en la facturación de Seguriber es una circunstancia “sobrevenida”, derivada de la fusión, a principios de 2012, de Seguriber (de la que Oriol ya era primer accionista) y Umano, que era el principal proveedor de seguridad de esta empresa.

Indra, cuyo mayor accionista es desde agosto pasado el Estado a través de la SEPI (20%), "mantenía por separado relaciones comerciales con Seguriber desde 2006 y con Umano desde el año 2000", y decidió mantenerlas el año pasado dada “la particular significación que los servicios de seguridad tienen para las actividades e instalaciones de una empresa como Indra”. La sobrina del ex presidente de Iberdrola Íñigo de Oriol, también consejera independiente de la constructora OHL y presidenta del Círculo de Empresarios desde 2012, va a poder así seguir disfrutando de su sueldo de 130.000 euros como consejera en Indra (de la que tiene algo más de 22.000 acciones) gracias a la manga ancha de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo y el consejo de administración del grupo.

Ambos órganos, tras analizar su situación, han llegado a la conclusión de que “esta relación de prestación de servicios no debe afectar a su independencia en el ejercicio de su cargo de consejera”, teniendo en cuenta “la reducida significación relativa que el negocio con Indra representa para el grupo Seguriber-Umano, la naturaleza y características que tienen los servicios de seguridad, así como la relevancia del perfil profesional” de Oriol.

FUENTE: /vozpopuli.com AQUÍ

Inseguridad en los Juzgados de Ibiza

Una puerta averiada y otra con un cristal roto en los juzgados. Una valla impide el acceso por una puerta e indica que se entre por la que tiene el cristal roto.

Los ciudadanos solo pueden entrar por un acceso y la alarma del arco de seguridad salta continuamente

Los ciudadanos que acceden desde el miércoles al vetusto edificio judicial de la avenida de Isidor Macabich de Vila se encuentran con que una de las puertas de acceso está cerrada porque tiene roto un muelle hidráulico y no se puede abrir y la otra cuenta con un cristal resquebrajado que está a punto de caerse. Los operarios han colocado dos vallas, una por fuera y otra por dentro, y solo se permite la entrada por una puerta, la que tiene el cristal fracturado desde hace casi un año, cuando un hombre la rompió de un puñetazo.

Por si fuera poco, la alarma del arco de seguridad salta incluso cuando no se pasa por debajo, lo que genera más trabajo a los vigilantes que se encargan de controlar el acceso al edificio. La situación en el resto del inmueble tampoco es alentadora, con ascensores que se averían cada dos por tres, salas muy anticuadas, expedientes por todas partes y cuartos de baño en condiciones lamentables.

FUENTE: diariodeibiza.es AQUÍ

Ser madre debería ser un plus y no una traba para acceder al mundo laboral

La mujer en en la Policía Nacional española

BIZKAIA: Arrestan a dos grafiteros por pintar un tren en Gernika

Tras la alerta de un vigilante de seguridad, la Ertzaintza les detuvo al huir de la estación y saltar dos cercados

GERNIKA - Son sigilosos y rápidos. Su orgullo es dejar la huella de su arte en los sitios más inaccesibles e insospechados y los trenes, por su carácter itinerante, son lienzos perfectos para sus egos pictóricos y grafiteros. Pocas veces les cazan pero esta vez les han pillado con las manos en la masa. Efectivos de la Ertzaintza han detuvieron la pasada madrugada en la localidad de Gernika a dos jóvenes de 20 y 28 años acusados de un delito de daños tras ser sorprendidos cuando pintaban con sprays el lateral de un convoy de Euskotren.

Según han indicado fuentes de la Policía vasca los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del viernes al sábado cuando un agente de seguridad privada de la compañía ferroviaria de Euskotren alertó a la Ertzaintza de la presencia de grafiteros en la estación de Gernika. Varios policías se trasladaron al lugar indicado y localizaron a dos individuos que estaban pintando en dos de los coches de una unidad ferroviaria. Al advertir la presencia policial, los intrusos han iniciado una huida siendo perseguidos por los ertzainas. Los jóvenes volvieron a saltar la valla del recinto que antes había sorteado para acceder a las vías y posteriormente saltaron también el cercado de seguridad de una empresa colindante a la estación.

A pesar de los obstáculos, finalmente los agentes dieron alcance a los huidos y procedieron a su arresto. Uno de ellos se había escondido debajo de un turismo. Tras la detención, la Ertzaintza ha comprobado que habían dibujado cuatro grafitis, localizaron el coche en el que los detenidos habían llegado al lugar e intervinieron varios aerosoles de pintura. Uno de los arrestados fue atendido en el Hospital de Gernika de algunas lesiones menores sufridas al saltar las vallas en la huida. Ambos quedarán a disposición judicial en las próximas horas.

FUENTE: deia.com AQUÍ

Real como la vida misma

El Ministerio de Justicia defiende el indulto a Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria

El Ministerio de Justicia ha defendido la concesión del indulto parcial al empresario canario Miguel Angel Ramírez, presidente del Grupo Rolans, de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ha declinado comentar las donaciones que hizo al PP y los contratos públicos que tiene firmados con la Administración, alegando que desconoce las empresas en las que participa. El portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, había preguntado al Gobierno por el caso de Ramírez, condenado en 2010 a tres años y un día de prisión por las obras realizadas sin autorización en el paisaje protegido de Pino Santo, en Gran Canaria, e indultado el pasado octubre por Justicia.

A su juicio, ese indulto no resultó adecuado dada "la gravedad de los hechos y la percepción social existente en Canarias de que la Justicia no se ejerce igual, en cuestiones de protección del territorio, cuando se trata de cualquier ciudadano que cuando se trata de una persona adinerada". Y es que, según recordaba Centella, el empresario canario fue contribuyente del PP mediante una empresa de la que fue apoderado y tiene contratos firmados con distintas instancias de la Administración, incluyendo órganos de Justicia, a través de su citada empresa de seguridad.

SE DEBILITA LA CREDIBILIDAD DE LA JUSTICIA "El hecho de que Ramírez haya contribuido a financiar el Partido Popular da una apariencia de parcialidad al indulto de que ha sido objeto" --advertía Centella--. ¿No cree el Gobierno que este indulto debilita la credibilidad de la Justicia a la hora de imponer futuras penas por hechos similares que no sean objeto de indulto por parte del Gobierno?". En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno no entra en la cuestión de los tratos del empresario canario con el PP, ni en las adjudicaciones que obtiene de la Administración, pues dice desconocer "las empresas en las que el Sr. Ramírez tiene participación".

Justicia hace hincapié en defender la concesión del indulto, subrayando que "el Gobierno debe estudiar cada petición por separado y de manera individualizada", y que "sólo el análisis de las circunstancias en torno a cada condena y cada condenado, hacen posible entender adecuada o no la concesión o la denegación de cada gracia". En este sentido, el Ejecutivo remarca que, a la hora de evaluar el caso de Ramírez, se tuvo en cuenta "el histórico penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta", así como el hecho de que "en su informe policial carecía de antecedentes".

AUSENCIA DE "PELIGROSIDAD CRIMINAL" "Advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado, se procedió a conceder un indulto, de una forma condicionada, siempre y cuando procediera a la demolición de las obras ejecutadas ilegalmente, de acuerdo con el tenor literal de la sentencia dictada en sede judicial", explica. En todo caso, el Gobierno remarca que "la concesión individualizada de una gracia no significa la revocación de la sentencia", pues "el indulto sólo moldea de manera parcial el cumplimiento de una determinada condena" y, aunque obtenga ese perdón, "el indultado sigue siendo culpable por haberlo declarado así una sentencia firme dictada en sede judicial".

FUENTE: noticias.lainformacion.com/ AQUÍ

TENERIFE: Huelga contra segur Ibérica en el aeropuerto de "Los Rodeos"

LA PLANTILLA APELA AL CONTINUO AGRAVAMIENTO DE SUS CONDICIONES LABORALES

La plantilla de vigilantes de seguridad del aeropuerto Los Rodeos (Tenerife Norte), pertenecientes a la empresa Segur Ibérica, anuncian la presentación de un preaviso de huelga. Este colectivo denuncia el "incumplimiento sistemático" del convenio colectivo y del Estatuto de los Trabajadores con un "Trato arbitrario" hacia un sector de los trabajadores.

Se les castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral (filtros de seguridad) Aseguran que la empresa, "al impedir la rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad". Señalan que las mujeres son además las mas perjudicadas en este aspecto y reclaman la destitución del jefe de servicio de la empresa.

FUENTE:Ser Vigilantes AQUÍ