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19 de julio de 2023

La Conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya implica a los vigilantes de seguridad en la lucha contra la discriminación

Interior implica a los vigilantes de seguridad en la lucha contra la discriminación

La Conselleria de Interior ha elaborado un protocolo dirigido a la seguridad privada para prevenir y detectar situaciones de odio y discriminación, tanto actos racistas como ataques a a la orientación sexual de las personas. El objetivo es que los vigilantes, 16.000 en toda Catalunya y a los que se les dará formación específica, tengan los elementos suficientes para poder detectar este tipo de actuaciones y, de esta manera, facilitar su tipificación y el enjuiciamiento de estos casos. Este mecanismo en forma de manual lo ha puesto la Generalitat a disposición de los ciudadanos y, sobre todo, de las empresas de seguridad privada.

Además de dar directrices para identificar al agresor, lo que se pretende es "poder acompañar a la víctima" y ofrecerles una "mejor atención a esa persona que está en situación de riesgo y nerviosa", pues "se ha de sentir protegida" y "minimizar el riesgo", según la directora general de la Administración de Seguretat, Sonia Andolz, que con el 'conseller' Joan Ignasi Elena han presentando este protocolo. "El personal de seguridad privada están en primera linea y siempre actúan en lugar donde hay mucha gente", precisó Andolz. "Es un protocolo práctico", añadió. "En ocasiones primero es difícil identificar quién es el agresor y la víctima", recalcó. Para aclarar estos hechos es de suma importancia los datos que el personal de seguridad recogen en sus partes o actas sobre el incidente. La Generalitat formará a los docentes de las academias que impartirán las clases a los vigilantes.

El titular de la cartera de Interior, Joan Ignasi Elena, subrayó que la importancia de la participación de las empresas y el personal de seguridad privada para identificar posibles delitos de odio, ante "una creciente realidad" que necesita "la implicación de todos". En el 2022 se registraron 624, lo que supone un aumento del 26% respecto al año anterior (2022). "Damos pautas para gestionar estas situaciones", en coordinación con las policías locales y los Mossos. En la elaboración de este protocolo, según el 'conseller', ha participado el departamento, el sector de la seguridad privadas, los sindicatos y las entidades de derechos humanos.

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