El sector de la seguridad afirma que atribuirles funciones de guarda de caza es "ilegal"
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) manifestó ayer su rechazo al plan de la asociación Mundo Rural Naturaleza (Muruna) de atraer teletrabajadores del sector tecnológico a Caleao, en el marco del centro del bisonte proyectado para la zona, para que sean pastores a tiempo parcial y tengan el estatus legal de ganadero y guarda privado de caza. Avispa denunció la intención de crear figuras laborales" totalmente ilegales según la normativa reguladora y resto de normas concordantes en vigor".
"La creación de una categoría profesional autónoma, multidisciplinar, denominada teletrabajador, y que además lleve aparejadas funciones y competencias de guardería privada de caza y colaborador de los agentes del Medio Natural es una ocurrencia disparatada, tanto desde el punto de vista legal como laboral, que lo único que conseguiría sería provocar un grave perjuicio en la ya de por sí maltratada Guardería profesional por parte de la Administración, al ni siquiera estar cubiertas las plazas que, obligatoriamente, deben exigirse en los cotos y reservas de caza, donde se incumplen, en la gran mayoría, las condiciones de los pliegos de prescripciones técnicas", remarcó Avispa.
El representante del colectivo esgrimió que "los únicos profesionales que por ley pueden ejercer funciones de vigilancia en el medio natural, así como el cumplimiento de la normativa reglamentaria en cuanto al desarrollo de actividades cinegéticas en el Principado de Asturias son, además de los agentes del Medio Natural y el Seprona -como seguridad pública- los guarda rurales", una labor que debe ser "prestada a través de profesionales con capacitación, amplios conocimientos y autorización del Ministerio del Interior". El resto de figuras laborales que se intenten crear, según explicó Cuesta, "serían completamente ilegales, ejerciendo una clara usurpación y duplicidad de funciones e intrusismo laboral sin posibilidad alguna de encaje legal, puesto que la Administración autonómica no tiene la capacidad legal ni material de crear un puesto de trabajo a capricho o exigencia de colectivos o parroquias". Y añadió. "Desde nuestra asociación profesional denunciaremos cualquier intención disparatada de crear esa figura laboral".
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