CSI-F amenaza con protestas al Ministerio del Interior si pone vigilantes privados en las cárceles

la Central de Funcionarios cree que la medida pone en riesgo la seguridad en las cárceles

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el sindicato mayoritario en el sector de Instituciones Penitenciarias, ha advertido hoy al Ministerio del Interior que convocará movilizaciones si persiste en su idea de sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes de seguridad privada, según ha anunciado el sindicato a través de un comunicado. El secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, planteó hace justo una semana, en la Comisión de Interior del Congreso, esta posibilidad ante la escasez de empleados públicos y ante la dificultad económica de llevar a cabo la oferta de empleo público necesaria.

Tras una reunión entre los responsables de los sindicatos más representativos en Instituciones Penitenciarias para estudiar las medidas de presión, la CSI-F ha exigido a Interior que convoque "una mesa de negociación", para que explique sus intenciones, y ha solicitado una reunión con todos los grupos parlamentarios para mostrarles su rechazo ante la iniciativa del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

Según el sindicato, sustituir funcionarios de prisiones por vigilantes de empresas privadas "vulnera la ley", en concreto, el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria -"contar con el personal necesario y debidamente cualificado"-, el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público -"el ejercicio de las potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos"- y el artículo 64 del Reglamente Penitenciario -"la seguridad interior de los establecimientos corresponde a los funcionarios de los Cuerpos de Instituciones". CSI-F estima que la medida podría suponer un incremento de gasto y que afectaría a la "seguridad de los centros" porque los vigilantes de empresas privadas carecen de la formación técnica necesaria y no tendrían la capacidad operativa para actuar en situaciones de emergencia como fugas o incidentes.

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De la información ofrecida queda claro cual es la prioridad esencial de CSI-F, que no es otra que la defensa del colectivo de funcionarios. Nos cabe la duda de cual será la opinión del colectivo de la seguridad privada (entre los que hay vigilantes de seguridad afiliados a CSI-F) ante este posicionamiento. El criterio de SPV es el siguiente:

Estamos de acuerdo con que se siga estudiando la viabilidad de incorporar seguridad privada a las cárceles españolas porque, entre otras cosas, el Ministerio del Interior no ha barajado en ningún momento dejar la seguridad total de los recintos penitenciarios en manos de empresas privadas, ni de suplantar con vigilantes de seguridad las funciones propias de los funcionarios de prisiones. Lo que se está estudiando es la posibilidad de combinar la seguridad pública y privada en estos recintos, tal y como ocurre ya en otras instalaciones como, por ejemplo, los Centros de Menores, medidas que se acometen de acuerdo a la legislación vigente en la materia. Hay variadas experiencias de la efectividad conseguida entre la seguridad publica y la privada  (instalaciones críticas, eventos, edificios del estado etc.)


Queda por tanto garantizada en todo momento la seguridad de las cárceles que se mantendría bajo la custodia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y   donde el personal de seguridad privada realizarían sus funciones de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Seguridad Privada, para los que están plenamente capacitados al estar habilitados para ejercer la profesión por el Ministerio del Interior, al margen de la formación específica que se les ofrece, según el puesto donde vaya a desarrollar sus funciones.