El vigilante tuvo que endeudarse debido a que su situación familiar era "desesperante"
Sus hijos fueron quienes contactaron con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento
El juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha perdonado una deuda superior a los 43.000 euros que había contraído un trabajador de la empresa Mersant Vigilancia, tras pasar diez meses sin cobrar su salario. El juez ha aplicado a este hombre, vecino de Brenes, la ley de la Segunda Oportunidad. El vigilante estuvo representado jurídicamente por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que lleva más de 260 sentencias favorables.
Según un comunicado hecho público ayer por esta asociación, el trabajador estuvo diez meses seguidos son cobrar su nómina, por lo que tuvo que pedir varios créditos por valor de 43.052 euros. Mersant Vigilancia se declaró en concurso de acreedores el 31 de marzo de 2023, arrastrando numerosas deudas con sus trabajadores. Unos meses antes, la Policía Nacional detuvo a los dueños de la empresa, tanto los anteriores como el que la compró posteriormente, en una investigación por fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales.
Dice la nota de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento que al vigilante "no le ha faltado el trabajo en los últimos cuatro años", pero a pesar de ello su nómina y la pensión de incapacidad de su mujer apenas le daban para llegar a fin de mes. En 2021 se vio obligado a solicitar créditos bancarios. "La causa de endeudamiento fue la declaración de concurso de acreedores de Mersant Vigilancia, empresa cuya quiebra ha sido muy sonada en Sevilla y Cádiz".
Este vecino de Brenes estuvo diez meses sin cobrar "mientras seguía obligado a asistir a su trabajo, es decir, estuvo casi un año trabajando gratis". "Ante este problema, el matrimonio no tuvo más remedio que solicitar diferentes préstamos y tarjetas para poder pagar los gastos del día a día, siempre sin perder la esperanza de que cobrarían suficiente en un futuro cercano para liquidar las deudas", añade el comunicado.
"Viendo que la situación no se solucionaba y las cuotas mensuales eran inasumibles, decidieron buscar una solución y precisamente hicieron lo mismo que la empresa: declararse insolventes y pedir la ley de la Segunda Oportunidad". La situación para esta familia era "desesperante". "Tanto ellos como sus familiares recibían llamadas de empresa de recobro varias veces al día, lo que empezó a generarles un estrés insostenible, además de varios perjuicios a nivel financiero al ser incluidos en listados de morosidad".
El abogado de la asociación en Sevilla, Pepe Domínguez, explicó que realmente fueron los hijos del matrimonio los que contactaron con él. "Ellos estaban bloqueados y eran incapaces de confiar en que el problema tuviera solución, aunque cumplían los requisitos para acogerse a la ley de la Segunda Oportunidad. No han sido condenados por ningún delito socioeconómico en los últimos diez años, no han sido declarados antes en concurso y, objetivamente, no podían pagar sus créditos por causas ajenas a ellos. Además, tienen una casa en propiedad, la cual conservan, porque el importe pendiente de hipoteca es muy similar al probable valor de venta".
Una vez comprobadas estas condiciones, el juez encargado del caso dictó una resolución definitiva el 9 de octubre de 2023, concediendo el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) y dejando libre a este deudor de pagar 43.052 euros. Desde entonces, los acreedores de los asociados (entre ellos varios bancos) no podrán reclamar ningún pago más al ya ex deudor ni incluirlo en los ficheros de morosos. La asociación apuntó que el caso más típico con el que se encuentran es el de un empresario que fracasa y cierra su negocio con deudas, si bien este del trabajador de Mersant "es un ejemplo de que cualquier persona puede solicitar empezar de cero sin deudas si no ha actuado de mala fe".
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