Un centenar de vigilantes que trabajó en la provincia de Lugo para la disuelta Sequor Seguridad sigue a la espera de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) de Barcelona, en donde la empresa tenía su domicilio social, les abone los salarios de los meses de noviembre y diciembre de 2012 que les dejó esta sin pagar. Su importe ronda los 3.000 euros por empleado.
La situación es más preocupante en el caso de la mitad de esos trabajadores, que fueron despedidos en abril del año pasado. Además de seguir sin cobrar las indemnizaciones correspondientes, están a punto de agotar las prestaciones por desempleo, su única fuente de ingresos hoy en día. La otra mitad fue subrogada a empresas del sector. «Hay compañeros con hipotecas e hijos a cargo que su situación es límite, desesperada, porque están acabando el paro», afirmó Juan Redondo, que fue miembro del comité de empresa de Sequor Seguridad en representación del sindicato UGT.
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