CÁDIZ: Medio centenar de afectados en San Fernando tras haber pagado por un curso de vigilante que no se impartió

Hace unos días se les informó de que el gabinete jurídico y el administrador concursal se pondrían en contacto con los afectados

Han denunciado a la academia de formación, que postergó en varias ocasiones el inicio de la formación para obtener la certificación profesional de vigilante de seguridad con distintas excusas.

Una quincena de alumnos matriculados en la academia Quorum Formación de San Fernando ha formalizado una denuncia colectiva contra el centro por no haber recibido el curso para la obtención del certificado de profesionalidad de vigilante de seguridad privada por el que abonaron con antelación cantidades que oscilan entre los 500 y los 1.400 euros.

El inicio del curso, según se expone en la denuncia, se fue aplazando en varias ocasiones aludiendo a distintos motivos, lo que despertó recelos entre los alumnos, que empezaron a sospechar que ocurría algo raro. No obstante, ante su insistencia, el pasado día 19, recibieron a través de WhatsApp un mensaje que les informaba de que la academia permanecería cerrada durante los dos días siguientes y de que desde el gabinete jurídico se pondrían en contacto con el administrador concursal para tratar con los afectados.

Al día siguiente, los alumnos matriculados en el curso de vigilante de seguridad acudieron a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para presentar una denuncia. Sin embargo, en el transcurso de la semana han tenido conocimiento de otros afectados con los que incluso han coincidido en las dependencias policiales al ir a denunciar los hechos. Calculan que hay unas 50 personas en la misma situación y hay algunos casos que se remontan hasta el pasado mes de mayo.

Desde este medio se ha intentado hablar con el responsable del citado centro de formación a través de varias vías sin resultado. El teléfono móvil de contacto de la academia –y que se identifica como tal– señala que el número no existe. Los afectados indican también que el centro permanece cerrado. Algunos han acudido para pedir explicaciones sin conseguir nada. En redes sociales, los últimos mensajes de la academia –en activo desde 2013– datan de octubre de 2024 y los últimos cursos ofertados se retrotraen al mes de junio anterior.

Los afectados que han formalizado la denuncia colectiva acudieron a este centro de formación en torno a los pasados meses de septiembre y diciembre al objeto de matricularse en el curso para obtener el certificado de profesionalidad que les permitiera luego trabajar como vigilantes de seguridad privada, que se planteaban como una salida laboral. El inicio del curso -exponen- se aplazó en un primer momento alegando desde el centro que la Junta de Andalucía tenía que asignar un supervisor del mismo. No obstante, entretanto se desarrollarían unos cursos específicos relacionados igualmente con el desempeño profesional de los vigilantes de seguridad en campos o áreas concretas.

Según las declaraciones realizadas por algunos de estos alumnos, dicha formación se impartió durante algunos días a lo largo de los meses siguientes pero sin garantías alguna de que pudiera convalidarse posteriormente por un título o que, de alguna manera, pudiera certificarse. Además, el hecho de que los cursos específicos se impartieran antes que la formación básica empezó a despertar dudas entre los compañeros.

Sucesivas fechas aplazadas El curso para la obtención de la certificación profesional, no obstante, seguía sin comenzar. Y así se llegó hasta pasadas las Navidades. Concretamente, el 6 de enero se les notificó por vía WhatsApp que al día siguiente se informaría del inicio del curso, que podría ser o bien el 10 o bien el 13 de enero. El día 8 se concreta que el comienzo de la formación sería finalmente el 13 y se insta a los alumnos que todavía tenían que presentar distinta documentación a que cumplimentaran dicho trámite.

Sin embargo, llegado el día 11 volvió a postergarse el inicio del curso hasta el 14 en un nuevo mensaje. Y un día antes de esta última fecha, para desesperación del personal matriculado, de nuevo se aplazó alegando distintas excusas. Se fijó entonces otra fecha, el 16 de enero. Y una vez más pasó lo mismo: el día antes se volvió a mandar un mensaje de WhatsApp informándoles de la imposibilidad de dar comienzo al curso e instándoles a que se pasaran por la academia determinados días de la semana para concretar opciones individuales para cada alumno. El siguiente mensaje llegaría el pasado domingo y en él se les notificaba ya directamente que el centro estaría cerrado durante los días siguientes y se indicaba que el administrador concursal y el gabinete jurídico se pondrían en contacto con los afectados. Tras ese mensaje el teléfono de contacto se desconectó.

Un traslado de alumnos desmentido Durante los días siguientes, los afectados además conocieron que un grupo de compañeros, en esa confusa situación de fechas de inicio y aplazamientos sucesivos, se había plantado en la academia para pedir explicaciones. Consiguieron reunirse con el responsable, que dadas las dificultades que encontraba para impartir el curso les aseguró que estaba tramitando el traslado de los alumnos a otra academia similar ubicada en la vecina localidad de Chiclana para que pudieran obtener el certificado de profesionalidad. No obstante, una vez que los afectados se pusieron en contacto con este otro centro para informarse sobre los trámites descubrieron que no era cierto.

Los afectados se sienten estafados no solo por las cantidades económicas que han abonado sino también por el tiempo que han perdido a la espera de un curso que jamás se ha llegado a impartir. "Han jugado con nosotros, con nuestras expectativas laborales y con la ilusión que cada uno tenía de buscarse una salida profesional", dice uno de ellos.

"Nos hemos quedado sin curso, sin dinero y sin trabajo" Mario, uno de los afectados, ha asegurado este jueves que el número de personas en la misma situación ha ido en ascenso en los últimos días, a media que la noticia ha ido trascendiendo. Calcula que actualmente hay unos 60. Y hay situaciones que son más complicadas. "Yo ahora mismo me he quedado sin ahorros, no puedo matricularme en otra academia y contaba con este curso para poder trabajar", explica. "Nos hemos quedado sin el curso, sin el dinero y sin el trabajo. Se ha jugado con nuestras ilusiones", afirma.

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CÁDIZ: 16 denuncias por intrusismo en la seguridad privada en Cádiz en 2023

Se ha detectado a personal no habilitado realizando funciones de vigilancia sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social

La Policía Nacional, a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia de Cádiz, ha realizado en el año 2023 488 inspecciones a servicios y empresas del ámbito de la seguridad privada a fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas y que tanto las empresas como el personal a su servicio cumplen con todos los requisitos de autorización y habilitación que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada les exige.

Si bien el grueso de las inspecciones se circunscribieron a servicios de vigilancia y protección y a establecimientos obligados a estar provistos de medidas de seguridad, igualmente se realizaron 19 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 21 en eventos deportivos, 7 en ferias y 12 en locales de ocio nocturno.

Fruto de esta labor de control en 2023 se han cursado 13 propuestas de sanción contra empresas del sector de las que 6 fueron dirigidas contra empresas receptoras de alarmas por deficiencias detectadas en la gestión de los avisos de alarma y 7 a empresas de seguridad con motivo de anomalías en la prestación de los servicios de vigilancia y protección, principalmente derivadas de incumplimientos contractuales con los clientes, desempeño de servicios en vías públicas sin autorización previa siendo ésta preceptiva, la ejecución de un servicio específico sin el arma de fuego siendo exigible su porte en virtud de la Ley de Seguridad Privada o la no realización de la formación permanente obligatoria por parte de los vigilantes. De igual modo se han cursado cuatro denuncias contra clientes de empresas receptoras de señales de alarma por hacer un uso indebido de los pulsadores de atraco instalados en sus negocios.

Erradicación del intrusismo en el sector de la seguridad privada En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera muy positivo, cerrándose el año con 16 denuncias, siendo un año más el sector de la construcción donde se producen más casos (8 en concreto), seguido del ámbito de los grandes eventos públicos (4 casos), los supermercados (2 casos) y el ocio nocturno y las comunidades de propietarios (1 caso en cada uno).

Conviene decir que la gran mayoría de los trabajadores detectados estaban contratados por empresas de servicios auxiliares o de 'controladores', si bien se detectaron 4 casos en los que los trabajadores habían sido empleados directamente por los dueños o gerentes de las propiedades a proteger pero carecían del preceptivo contrato de trabajo y no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, hechos de los que se dio debida cuenta a la Inspección de Trabajo en la provincia. Igualmente, se han registrado dos casos en los que dos empresas de servicios auxiliares empleaban a dos magrebíes para la vigilancia en obras, obligándoles a realizar jornadas laborales que superaban ampliamente las 40 horas de trabajo semanales y el máximo de horas extras permitidos por la normativa laboral sin percibir remuneración adicional por ello ni compensación en tiempo libre. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.

Duras sanciones para el intrusismo La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas no autorizadas por el Ministerio del Interior para realizar servicios de Seguridad Privada, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado con sanciones de entre 20.001 y 100.000 euros, en este sentido. En el año 2023 se propuso para sanción a siete empresas que subcontrataron a otras proveedoras de servicios auxiliares para la realización de funciones de vigilancia y protección siendo conocedoras de que las mismas no estaban autorizadas para ello por el Ministerio del Interior.

Colaboración entre la Policía Nacional y la Seguridad Privada En la provincia de Cádiz existe en la actualidad un censo de 12.693 personas habilitadas como personal de seguridad privada, si bien no todos ellos se encontrarían activos en este momento. De ellas 3.418 son vigilantes que de manera continuada ejercen su profesión a diario en la provincia, cooperando de manera permanente con la Policía Nacional para la preservación de la seguridad de los ciudadanos. Fruto de esa estrecha relación, durante 2023 se produjeron un total de 1.529 colaboraciones que en 49 casos se saldaron con la detención de autores de delitos, principalmente por la comisión de delitos contra el patrimonio producidos mayormente en grandes superficies comerciales, supermercados y, ocasionalmente, en hospitales.

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