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Reclaman al Imserso una solución urgente dado que la situación provocada por el embargo de la empresa contratada para la prestación de los servicios de seguridad se puede prolongar por meses
A principios de junio ingresaron la nómina de abril. Desde entonces están sin cobrar. La empresa les debe los meses de mayo, junio, julio y pronto también agosto. Y ya se les ha advertido que no van a poder recibir sus salarios, así que la situación en casa empieza a ser dramática.
El problema afecta a los cinco vigilantes de seguridad de las instalaciones del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) de San Fernando, una institución que depende directamente del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El origen del conflicto radica en la situación económica de la empresa contratada para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad, la mercantil sevillana Pretoria Seguridad, que está embargada por Hacienda y por la Seguridad Social debido a las elevadas deudas acumuladas, lo que ha dejado a todos los trabajadores –incluidos los vigilantes de los cuatro CRMF que existen en España– sin poder cobrar sus salarios.
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Por el momento, los afectados tiran de la ayuda de familiares, de amigos... Alguno ha tenido que echar mano a un préstamo para seguir adelante... Incluso de la ayuda de los propios compañeros del centro, que han hecho una colecta para apoyarles. "Con eso pude pagar la hipoteca", explica uno de los vigilantes afectados. Se trata, además, de una plantilla que tiene más de 20 años de experiencia en las instalaciones, a la que en septiembre –cuando vuelvan los usuarios del CRMF con el nuevo curso– se sumarán dos auxiliares que son fijos discontinuos.
Los vigilantes afectados responsabilizan de la situación directamente a la empresa Pretoria, pero también lamentan la falta la voluntad del Imserso –que depende directamente del Ministerio– por arreglar el problema. Entretanto, estos profesionales siguen trabajando y cubriendo el servicio, sin cobrar y sin poder tampoco acceder a ningún tipo de prestación económica.
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