La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado hoy que devolver la vigilancia exterior de las cárceles a la seguridad pública abocará al desempleo a más de un millar de vigilantes privados.
Según un comunicado del sindicato, la decisión adelantada el pasado miércoles por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, es de "política populista y un acto de sumisión del Gobierno". Este cambio supondría que la vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volvería a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vayan reponiendo los déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tal y como precisó Ortiz.
Sin embargo, para FTSP-USO, la medida "obligará al Gobierno a incrementar los costes presupuestarios y a retirar de las calles a miles de guardias civiles que deberían dedicarse a proteger a los ciudadanos". Además, el sindicato ha denunciado que los vigilantes carcelarios de empresas privadas "siempre" han sido "agredidos, despreciados y descalificados" por los funcionarios de la seguridad pública.
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