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El gerente de la empresa declaró esta mañana en el juzgado de Monforte como investigado por revelación de secretos
La Audiencia de Lugo ha ordenado reabrir la investigación para determinar si directivos de la empresa de seguridad Alcor y de la mutua Ibermutuamur cometieron un delito de revelación de secretos. La causa, una de las derivadas de la denominada operación Muro, había sido archivada por el juzgado número dos de Monforte. El titular de este juzgado va a revisar además su decisión de dejar sin imputar en la causa central de este caso a la mujer y la dos hijas de Carlos Somoza.
La reapertura de las diligencias sobre revelación de secretos había sido reclamada por el abogado Ismael Franco, que ejerce la acusación popular en representación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, del sindicato USO. A su juicio, el titular del juzgado número dos de Monforte tenía que haber citado a declarar a Carlos Somoza y pedir a la mutua un listado de los trabajadores que estaban de baja en Alcor en el momento en que la policía grabó en el 2015 la conversación telefónica que dio lugar a la apertura de estas diligencias. En aquella conversación, Somoza preguntaba a Ramón Mateos, el delegado de Ibermutuamur en Lugo, por diferentes personas, se supone que empleados suyos de baja.
Tras la resolución de la Audiencia de Lugo, este juzgado de Monforte pidió además a Ibermutuamur la lista de trabajadores de baja por la que se había interesado en su momento la defensa. Según las fuentes consultadas, la lista confirma que los nombres que mencionaban Somoza y Mateos en las conversaciones que la policía les grabó corresponden con personal de Alcor que en aquel momento estaba de baja laboral. El juez instructor ha reabierto las diligencias y este miércoles le tomó declaración a Carlos Somoza, que se negó a contestar a las preguntas que tenía preparadas el representante de la acusación popular. Sí respondió a las de su abogado, un letrado del bufete madrileño del exjuez Gómez de Liaño. En sus respuestas, Somoza negó haber solicitado a la mutua información clínica sobre ningún trabajador y que con aquellas llamadas telefónicas no pretendía enterarse de detalles sobre el estado de nadie, ni presionar para que les diesen el alta, sino solo para saber cuánto durarían las bajas.
En relación con las investigaciones judiciales abiertas sobre Alcor, en las últimas semanas se ha producido también una novedad significativa en la causa abierta en su día para determinar si los responsables de esta empresa cometieron fraudes contra la Hacienda Pública y contra la tesorería de la Seguridad Social. Se trata de la causa central del caso y en marzo del año pasado el juez trató de cerrar la investigación mediante un auto que fue recurrido por la Fiscalía y la acusación particular. En aquella resolución, el juzgado apuntaba que no había razón para investigar a la mujer y las hijas de Carlos Somoza y retiraba la acusación de fraude contra la Hacienda Pública. Había habido irregularidades, admitía, pero la agencia tributaria no había sido capaz de cuantificarlas, así que no es posible acusar por este delito.
Pero posteriormente, el juez decidió hacer caso a las acusaciones pública y particular y renunció a cerrar las diligencias todavía bajo estos supuestos. En estos momentos, la investigación sigue abierta y a la espera de que el instructor firme una nueva propuesta de finalización de la instrucción, cuyo contenido todavía se ignora, que daría paso a la fase de juicio oral. La federación de seguridad privada de USO es la impulsora de diferentes investigaciones judiciales abiertas en diferentes comunidades autónomas contra empresas del sector sospechosas de diferentes irregularidades. Esta central impulsó en su momento acusaciones contra empresas como SYC, Esabe o Viriato. Su secretario general, Basilio Alberto Febles, se lamenta de la precaridad que todavía abunda en este sector, "en el que las empresas juegan a menudo con la dignidad de la profesión y de los trabajadores".
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