El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado al Ministerio del Interior que abra el ejercicio profesional de la seguridad privada a las personas con discapacidad, ámbito laboral del que ahora están excluidas normativamente. Ante el próximo desarrollo reglamentario de la Ley de Seguridad Privada, aprobada en abril de 2014, el Cermi propone recoger “expresamente” en la nueva norma la opción de que las personas con discapacidad puedan acceder al desempeño de actividades de seguridad privada.
Según los planteamientos del Comité, el reglamento de seguridad privada, pendiente de aprobación, debe incluir disposiciones que permitan tanto el acceso (nuevo ingreso) a la seguridad privada de personas con discapacidad, como el mantenimiento en esta actividad cuando la discapacidad sea sobrevenida, es decir, en el caso de que la persona ya viniera trabajando en este sector, y por accidente, enfermedad u otro hecho causante adquiriese una discapacidad.
Con la regulación actual, que, según el Cermi, “ha de ser superada”, las personas con discapacidad tienen vetado el acceso a la seguridad privada por entender que no reúnen condiciones psicofísicas adecuadas. El sector de la seguridad privada da empleo a más de 100.000 personas en España y, para el Cermi, “debe una oportunidad de ocupación para las personas con discapacidad, sin exclusiones injustificadas”.
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